Publicamos la hoja informativa de CCOO sobre la comparecencia de ayer del Ministro de Justicia ante la comisión de Justicia del Senado en el que vuelve a anunciar sus proyectos de modificación de leyes tan importantes como la LOPJ y la Ley de Demarcación y Planta, la NOJ, o la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa, entre otras, para este 2012.
CCOO denunciamos que tras dos meses desde su nombramiento, el Ministro de Justicia no ha convocado una reunión con los representantes de los trabajadores de la Administración de Justicia para concretar todos los proyectos que anuncia y que van a afectar a las condiciones laborales de los trabajadores de Justicia, a los que, junto al resto de empleados públicos, vuelve a utilizar como unos "privilegiados" ante la opinión pública, ahora para justificar una nueva reforma en nuestros derechos como trabajadores en la defensa jurídica de los mismos, eliminando el derecho a asistir sin abogado ni procurador ante las reclamaciones laborales en la jurisdicción contenciosa.
Nota informativa El ministro de Justicia anuncia en su intervención en la Comisión de Justicia del Senado los proyectos del Ministerio de Justicia (5 de marzo de 2012)
CCOO exige nuevamente al ministro una reunión urgente porque los sucesivos anuncios de Gallardón, en el Congreso, ante los medios de comunicación y ahora en el Senado, significarán profundos cambios en las condiciones de trabajo de miles de trabajadores
El ministro empieza a demostrar una grave falta de respeto a los trabajadores, ya que sigue sin reunirse, ni haber informado siquiera a los representantes de los más de 40.000 trabajadores de la Administración de Justicia de las reformas que pretende llevar a cabo
Gallardón anuncia la reforma de la LOPJ, con modificaciones sustanciales en el sistema de acceso y promoción profesional para todos los Cuerpos de funcionarios
El ministro de Justicia denomina privilegios el actual derecho de los funcionarios públicos de poder acceder a la jurisdicción contencioso-administrativa sin abogado y procurador para defender sus derechos laborales. Y anuncia la supresión de ese derecho
Asimismo, anuncia que también reformará la Ley de Planta y Demarcación en el mes de octubre, modificando en profundidad el actual modelo de organización, y probablemente el actual concepto de partido judicial
Las palabras del propio ministro de Justicia ha enfatizado en su intervención que, “ha tenido la ocasión de trasladar las líneas generales de dicha reforma al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo General de la Abogacía Española, al Consejo General de Procuradores, al Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, al Consejo General del Notariado, al Colegio de Registradores, a la Asociación Profesional de la Magistratura, a la Asociación de Jueces para la Democracia, a la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, a la Asociación de Fiscales y a los consejeros autonómicos de las comunidades de Cataluña, de Valencia, de Galicia, de Canarias, de Extremadura y del País Vasco ”, pero no a los representantes de los trabajadores, lo que es una demostración de la falta de respeto del ministro hacia los miles de trabajadores, ya que sigue sin reunirse con los representantes de más de 40.000 trabajadores, que son la piedra angular de la Administración de Justicia, a pesar de que las reformas anunciadas pueden significar modificaciones importantes de nuestras condiciones de trabajo.
Esta actuación pone de manifiesto la escandalosa falta de sensibilidad de este ministro hacia los derechos de los trabajadores y que son tremendamente preocupantes.
La nueva vuelta de tuerca de Gallardón para hacer más complicado acceder a la Administración de Justicia, imponiendo nuevas tasas y depósitos, conculca, a juicio de CCOO, el derecho a la tutela judicial efectiva.
Gallardón ha anunciado también la modificación de la Ley 29/1998 de la jurisdicción contenciosa-administrativa para eliminar lo que él afirma, de forma intolerable que supone un privilegio de los empleados públicos, la exención de abogado y procurador actualmente prevista para los funcionarios que realicen reclamaciones ante la jurisdicción C-A en defensa de sus derechos laborales.
Al ministro de Justicia se le olvida que recientes reformas legislativas ya han mermado el derecho a la justicia gratuita de los trabajadores públicos en comparación con el resto de trabajadores por cuenta ajena quienes pueden acudir gratuitamente y sin representación alguna a la primera instancia en la jurisdicción social en reclamación de sus derechos laborales, mientras que los empleados públicos estamos obligados a constituir el depósito correspondiente para recurrir en la jurisdicción contenciosa. Esto que ya suponía una discriminación con respecto al resto de trabajadores, volverá a abrir la brecha entre unos y otros, luego no es un privilegio de los empleados públicos sino un derecho de todos los trabajadores.
Nuevamente, al ministro de Justicia parece que lo que le preocupa verdaderamente no es la mejora de la justicia sino dificultar cada vez más el acceso a la Administración de Justicia a los más débiles, los trabajadores y ciudadanos con recursos limitados.
También afirma que seguirá impulsando la nueva oficina judicial y que “es una buena idea, pero es una buena idea que precisa de un mejor desarrollo”. Afirma que “vamos a trabajar en esa dirección, y nos vamos a apoyar no solo en la mejora tecnológica sino también en el cambio de modelo organizativa, teniendo presente la figura de los tribunales de instancia y, por supuesto, todo ello asociado a la reforma de la Ley de Demarcación y Planta y de la Ley Orgánica del Poder Judicial ”
Anuncia que tramitará la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Ley de Planta y Demarcación, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Estatuto de la Víctima y otro grupo de reformas parciales durante este 2012.
La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial será, según el ministro, “la piedra angular de este ambicioso proceso de transformación ”. “De ahí que se haya propuesto tener preparado el próximo mes de octubre un primer texto para iniciar la tramitación de la norma, para lo cual el Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado la constitución de una comisión de expertos de acreditadísimo prestigio destinada a elaborar esta ley y la de Demarcación y Planta Judicial. A través de ambas, impulsaremos la modificación en profundidad del actual modelo de organización y revisaremos la Oficina Judicial, liberándola de los problemas que frenan y dificultan su pleno funcionamiento.
Según Gallardón, “la Ley Orgánica del Poder Judicial fortalecerá una justicia más profesional, buscando la máxima objetividad en los sistemas de acceso y promoción de jueces, fiscales, secretarios judiciales y personal al servicio de la Administración de Justicia .”
También afirma Gallardón, que “por su repercusión en numerosos ámbitos, apostaremos en su elaboración por el máximo consenso posible, tanto entre los grupos políticos como entre todos los operadores jurídicos: jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores, graduados sociales y empleados públicos al servicio de la justicia, y, por supuesto, contaremos con la participación del Consejo General del Poder Judicial ”.
Finaliza Gallardón afirmando que “también, el próximo mes de octubre presentaremos el borrador del proyecto de la nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial, que seguirá los criterios generales recogidos en la futura Ley Orgánica del Poder Judicial y se adecuará a la actual realidad social, económica y demográfica de España. ”
Para CCOO si la forma de entender Gallardón lo que denomina “tender puentes y alcanzar consensos con los operadores jurídicos ”, se hace excluyendo de ese consenso a los miles de trabajadores y a sus representantes democráticamente elegidos, demuestra que el ministro ha elegido un camino profundamente equivocado.
CCOO exige nuevamente al ministro de Justicia que se reúna de inmediato con los representantes de los trabajadores, y exponga sus proyectos de forma mucho más precisa que lo que hace en el Congreso, en el Senado y ante los medios de comunicación. Y que debe formalizarse un calendario de negociación para la mesa sectorial que establezca como prioritarias todas aquellas cuestiones que afectan a los derechos de los trabajadores. Porque CCOO no va a asistir callada si se pretende por el Ministerio de Justicia realizar modificaciones unilaterales que supongan retrocesos en los derechos de miles de trabajadores de la Administración de Justicia.
