Hace unos días hemos tenido conocimiento, a
través de los medios de comunicación, que los magistrados y jueces han
convocado concentraciones el próximo viernes, 23 de noviembre, a las 13:30 ante
los órganos judiciales y en Madrid, ante el ministerio de Justicia, contra los
recortes en la Administración de Justicia y contra las tasas judiciales
aprobadas por el Partido Popular y otras reclamaciones, y contra los recortes
en los servicios públicos.
CCOO es una activa defensora de los servicios
públicos, porque consideramos que sin servicios públicos no sólo perdemos los
profesionales que prestamos estos servicios sino también, y de forma muy
importante, porque quienes pretenden acabar con los servicios públicos lo hacen
para atacar el Estado Social y Democrático de Derecho y lanzar a la ciudadanía
a una situación en la que no existan derechos, claves para el mantenimiento de
la igualdad de oportunidades y del acceso a las prestaciones sociales por todos
los ciudadanos y, también, porque acabando con los mismos los que buscan su
eliminación se garantizan la transformación de los ciudadanos en súbditos nuevamente
sin posibilidad de reclamar y defenderse ante las agresiones del poder.
Como las asociaciones de Jueces y Magistrados
conocen, CCOO junto a STAJ y UGT les remitimos hace ya varios días un correo
con la necesidad de constituir un frente común contra todos los ataques a los
servicios públicos y a los derechos de todos los empleados públicos.
Desde CCOO por una parte nos alegramos del
posicionamiento de los jueces y magistrados contra estos recortes, pero, por
otro lado, nos preocupa, expresado desde el punto de vista constructivo, que Jueces
y Magistrados no se hubieran unido a las movilizaciones convocadas por los empleados
públicos y los sindicatos de la Administración de Justicia desde el mes de
julio, fecha de aprobación y publicación del RD 20/2012, donde se recogen todas
estas medidas que afectan gravemente a todos los trabajadores públicos,
repercutiendo en última instancia en los ciudadanos. Pero aún estamos a tiempo.
Desde CCOO venimos intentando impulsar, articular
y consensuar un frente común contra estos recortes entre todos los agentes implicados
en la Administración de Justicia (contra la eliminación de la paga extra, la
imposición de la movilidad geográfica, la reducción de días por antigüedad y de
asuntos particulares, el descuento del 50% en los primeros días de baja y del
25 % hasta el vigésimo), y, viendo el cariz y la justificada gran alarma social
que entre los ciudadanos en los últimos meses está adquiriendo el tremendo
drama de los desahucios, así como la publicación y aprobación por el Gobierno
de la Ley de Tasas que antepone la recaudación, con la excusa de la reducción
de la litigiosidad, a garantizar a los ciudadanos el derecho a la tutela
judicial efectiva, condenándoles a la indefensión y la imposibilidad de su
acceso a la Administración de Justicia en condiciones de igualdad, es por lo
que consideramos imprescindible adoptar un posicionamiento conjunto de todos
los que intervenimos en la Administración de Justicia en defensa del servicio
público de la Justicia para que el Gobierno adopte las medidas oportunas para modificar
de forma total sus decisiones y resolver, por tanto, esta grave situación a la que nos conduce su gestión.
Por todo esto consideramos imprescindible que
en las próximas concentraciones y movilizaciones que se convoquen para defender
el servicio público de la Justicia y nuestros derechos como empleados públicos
en general y como de la Administración de Justicia en particular, se instrumenten
unitariamente las fórmulas adecuadas para que participemos todos los agentes
activos relacionados, o que intervienen en la Administración de Justicia, en
busca del frente común necesario y para que, además, se puedan incorporar el
número mayor a dicho frente todos los colectivos profesionales relacionados con
la justicia (abogados, procuradores, otros profesionales, etc.) y las
organizaciones sociales y ciudadanas en general cuyos legítimos intereses se
están también atacando con las decisiones tomadas por el Gobierno (asociaciones
de vecinos, stop desahucios, organizaciones sociales,… etc.)
Madrid,
22 de noviembre de 2012
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