- CCOO convoca huelga contra la privatización de los Registros Civiles, privatización consumada el viernes 4 de julio en el consejo de ministros, y contra la reforma de la LOPJ, que mantiene la supresión de todos los partidos judiciales, las audiencias provinciales y los Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz
- CCOO llama a todas las organizaciones sindicales representativas en la Administración de Justicia sin excepción a formar un frente común de lucha contra las medidas anunciadas por el Gobierno
- CCOO promoverá también el día de la inauguración del año judicial, a mediados del mes de septiembre, un gran acto de protesta unitario de todas las organizaciones sindicales, colectivos jurídicos y ciudadanos contra el desmantelamiento de la Administración de Justicia.
La aprobación por el consejo de
ministros del viernes 4 de julio de la privatización de los Registros Civiles,
aunque anunciada el pasado 24 de junio por Gallardón en el Senado, ha sido un
durísimo golpe a los derechos ciudadanos y a los del personal de la Administración de
Justicia.
Esta privatización infringe un nuevo
ataque a la ciudadanía en materia de Justicia, en la escalada del Gobierno por
eliminar derechos y servicios públicos. No hace falta recordar que la ya
aprobada Ley de Tasas Judiciales constituyó una barrera infranqueable para
millones de ciudadanos para obtener la tutela judicial efectiva por la que
clama nuestra Constitución, y no hay que olvidar que están en trámite proyectos
y anteproyectos, como el proyecto de ley de justicia gratuita, el de la ley de
jurisdicción voluntaria, …, que van a condenar a esos mismos millones de
ciudadanos a la imposibilidad de acudir a los Tribunales a defender sus
legítimos derechos.
Y el ministro Gallardón mantiene un
texto del anteproyecto de reforma de la
LOPJ con la supresión de todos los partidos judiciales, las
audiencias provinciales y los Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz,
además de imponer los planes de ordenación de recursos humanos que serán los
instrumentos para el Ministerio de Justicia y las CCAA con competencias para
suprimir miles de puestos de trabajo.
Sin perjuicio de las actuaciones legales en
las que CCOO
ya está trabajando (ya hemos solicitado por escrito reunión con la Defensora del Pueblo, hemos
solicitado reunión a varios grupos parlamentarios,..…), cuando se pretende por
el ministro de Justicia el desmantelamiento de la Administración de
Justicia, no son suficientes las actuaciones jurídicas, solo se pueden detener
las tropelías de Gallardón con la movilización más contundente.
Mantendremos igualmente la solicitud a los
Parlamentos autonómicos y cientos de Ayuntamientos, que ya han aprobado
mociones contra la privatización de los Registros Civiles y la supresión de los
partidos judiciales y los Juzgados de Paz, para que actúen unitariamente con
los miles de trabajadores y trabajadoras, contra este desmantelamiento de la Administración de
Justicia.
CCOO
exige al ministro Gallardón la retirada del Real Decreto Ley 8/2014 de 4 de
julio, que contiene la privatización de los Registros Civiles, y le exigimos
también al ministro, entre otras, la modificación sustancial de los contenidos
de la reforma de la LOPJ
para que no se supriman los partidos judiciales, las audiencias provinciales y
los Juzgados y Agrupaciones de los Juzgados de Paz, se retire del anteproyecto
la posibilidad que da al Ministerio de Justicia y a las CCAA con competencias
para aprobar planes de ordenación de recursos humanos e imponer la movilidad
forzosa.
CCOO llama al resto
de las organizaciones sindicales representativas en la Administración de
Justicia a formar un frente común contra las medidas anunciadas por el
Gobierno.
Para CCOO la defensa de los derechos de
miles de trabajadores y trabajadoras de la Administración de
Justicia y el mantenimiento del servicio público de la Administración de
Justicia es lo único importante. Por eso, trabajaremos para que exista un
acuerdo con las demás organizaciones sindicales sin exclusiones, que apueste por
la movilización más contundente, y sin reservas, con la convocatoria de huelga
en la Administración
de Justicia en toda España, porque los innumerables daños, que el Ministerio de
Justicia va a producir con estas reformas, no se detienen solo con palabras.
