- CCOO anuncia ya movilizaciones y trabajará para la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley
Hoy sábado, 5 de julio de 20014, se publica en el BOE el "Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia", que incluye en la exposición de motivos y en las disposiciones adicionales 19ª a la 24ª, la prórroga de la entrada en vigor de la Ley 20/2011 de los Registros Civiles y su privatización, "que estará encomendado a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles que en cada momento tengan a su cargo las oficinas del Registro Mercantil", según expone el texto aprobado por el Gobierno
Dicho Real Decreto Ley (RDL) contiene en su disposición adicional 19ª la prórroga hasta el 15 de julio de 2015 de los aspectos de la ley 20/2011, que a día de hoy no hayan entrado en vigor (textualmente dice el RDL: "en la parte que al día de la publicación de este Real Decreto-ley no hubiera entrado en vigor dicha ley de 2011")
Gallardón prorroga la ley 20/2011 solo por un año, a pesar de que los máximos responsables del Ministerio de Justicia habían anunciado, desde hace varios días, que esta prórroga sería por dos años (hasta julio 2016), salvo que el Gobierno pretenda mantener aún más el estilo de crear más y más confusión, que el propio RDL establece con la enigmática frase: en la parte que al día de la publicación de este Real Decreto Ley no hubiera entrado en vigor de la Ley 2011, pero más tarde añade, A partir de la entrada en vigor en su totalidad de la Ley 20/2011 (...) (que repite varias veces)," (...)El Gobierno promoverá, en el plazo más breve posible, las modificaciones de la Ley 20/2011, de 21 de julio, necesarias para su adecuación a la llevanza del Registro Civil por los Registradores de la Propiedad y Mercantiles"
"¿Es lo mismo: en la parte de la ley que no haya entrado en vigor, que a partir de la entrada en vigor de la ley en su totalidad?"
Habrá que esperar a que el Gobierno apruebe lo que han anunciado en la disposición adicional 22ª de este Real Decreto Ley para despejar dudas sobre si son lo mismo ambas expresiones
Además, en su disposición adicional 20ª expresa: "A partir de la entrada en vigor en su totalidadde la Ley 20/2011, de 21 de julio, el Registro Civil estará encomendado a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles que en cada momento tengan a su cargo las oficinas del Registro Mercantil,"
Es profundamente llamativo (no es tan solo una cuestión formal, sino que tiene demasiado fondo, que demuestra de nuevo la cobardía de Gallardón y que tiene mucho miedo a dar la cara) que la privatización de los Registros Civiles se esconda en una RDL de 170 páginas, en el que se abordan cuestiones que afectan a ocho ministerios, y que la parte sobre esta privatización de los Registros Civiles aparezca tan solo en seis disposiciones adicionales y una final, y sólo en seis párrafos de la exposición de motivos que tiene una extensión de 30 páginas
Finalmente, hemos de añadir que la aprobación mediante Real Decreto ley de la privatización de los Registros Civiles es inconstitucional para CCOO, pues sólo era de carácter urgente haber aprobado una prórroga de la vacatio legis de la Ley 2011. Las demás cuestiones deben tener un amplio debate parlamentario y social, porque sus contenidos son extremadamente importantes para millones de personas. Así es como actúa y sigue actuando este Gobierno. Parece no haber aprendido de sus graves errores anteriores, que se demuestra que son rechazados por la mayoría de la sociedad
Para CCOO este Real Decreto Ley es:
1.- Un atentado de enormes consecuencias y de extrema gravedad contra los derechos de la ciudadanía y contra el empleo en la Administración de Justicia.
2.- Porque dicho Real Decreto Ley ha sido impuesto sin ninguna negociación con los representantes de los trabajadores/as afectados y tampoco tiene en cuenta los derechos de millones de personas que deben acudir a los Registros Civiles de forma obligatoria.
3.- Porque, diga lo que diga Gallardón, no se asegura ni la gratuidad ni el empleo de la Administración de Justicia.
4.- Porque pone en manos de empresas privadas (que los Registradores Mercantiles accedan mediante oposición a su condición, no significa de ninguna manera, como expresan las sentencias de la UE, que sean funcionarios públicos) la gestión de millones de datos privados de las personas, que atentan, desde nuestro punto de vista, a todos los mecanismos legales que regulan la protección de datos.
Gallardón con esta actuación, opaca y oscura, y que se lleva a cabo formalmente en seis disposiciones adicionales (con una inserción de pocos párrafos en la exposición de motivos), demuestra el desprecio hacia los 45000 trabajadores de la Administración de Justicia y sus derechos, y que es ministro de Justicia con el único objetivo de suprimir los servicios públicos y el acceso a los mismos de la ciudadanía en igualdad de condiciones, como exige el Estado de Derecho, o al menos lo que queda de éste, porque cada día nos encontramos más y más ataques al mismo.
5.- Para CCOO este Real Decreto Ley es claramente inconstitucional, y ya estamos estudiando las actuaciones, no sólo sindicales sino también jurídicas, para paralizar esta norma publicada en el BOE. Recordamos que sólo pueden interponer recurso de inconstitucionalidad contra una ley (y un RDL tiene rango de Ley) el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores, las Asambleas Legislativas y los órganos ejecutivos colegiados ("gobiernos") de las comunidades autónomas.
Para CCOO tampoco existe la urgente necesidad de aprobar esta intolerable decisión por Real Decreto Ley, una vez que se ha prorrogado la vigencia de la Ley 20/201 por la Disposición Adicional 19, y más cuando el Ministerio de Justicia anuncia que en breves fechas se presentará un proyecto de ley de modificación de la propia Ley 20/2011
Adjuntamos:
- hoja informativa de CCOO sobre esta decisión
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