CCOO ADVIERTE AL MINISTRO CATALÁ QUE EL GOBIERNO NO PODRÁ LLEVAR A CABO ESTA REFORMA NI PODRÁ PRIVAR DE SUS DERECHOS AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
Tráfico de influencias y presunta corrupción.-
El nuevo ministro de Justicia sigue intentando vender ante la opinión pública y las Comunidades Autónomas las bondades de la privatización del Registro civil, mediante su asunción por los Registradores Mercantiles a partir de julio de 2015,negándose a echar marcha atrás en un proyecto cuyo verdadero autor es Mariano Rajoy en lo que puede constituir un claro ejemplo de tráfico de influencias e incluso de corrupción.
Catalá se sigue negando a paralizar la privatización del Registro Civilargumentando que es un proyecto de Ley ya aprobado, pero sin embargoello no le supone inconveniente para afirmar que revisará las tasas judiciales (se niega no obstante a derogar esa ley tan injusta y clasista), o paralizar la creación de la corporación de derecho público que iba a gestionar la contratación del nuevo sistema informático del Registro Civil y que el Consejo de Estado descalificó, pese a que también se tratan de leyes aprobadas. Parece quelo que verdaderamente impide paralizar este proyecto es la intención de Rajoy de que siga adelante por todos los medios, en beneficio propio y de su colectivo.
Los registradores mercantiles no son funcionarios públicos.-
El Ministro de Justicia, en sus reuniones con las organizaciones sindicales, con las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en Administración de Justicia y en sus notas de prensa, sigue justificando la privatización del Registro Civil en que “ya se lo han dado hecho”, y en razones que demuestran la fragilidad de sus postulados: los registradores mercantiles son funcionarios públicos, se garantiza la gratuidad del registro civil para el ciudadano y la titularidad estatal de los datos registrales.
En cuanto a sus argumentos según aparecen en las notas de prensa, a cuál más frágiles.
Catalá sabe que la consideración de funcionarios públicos de los Registradores Mercantiles les viene por imperativo de la Ley Hipotecaria a efectos de reconocimiento de derechos, pero que ni sus deberes, ni sus obligaciones, retribuciones o incompatibilidades son las propias de los funcionarios públicos. Decir que lo único que diferencia a los Registradores Mercantiles del resto de funcionarios públicos es que aquéllos cobran por arancel significa desconocer muy profundamente lo que es la Administración Pública , lo que sorprende en alguien que ha sido Director General de la Función Pública en nuestro país. La Unión Europea ya dictaminó que su naturaleza no era la propia de funcionarios públicos. ¿Qué más quiere, Sr. Ministro?
Las mentiras del Gobierno: el Registro Civil dejará de ser gratuito más pronto que tarde y la gestión de los datos especialmente protegidos pasa a manos privadas.
La futura gratuidad del Registro civil es una falacia. Los expedientes de Registro Civil van a pasar a ser competencias de los notarios, a los que habrá que pagar por sus servicios. Si el Registro Civil se sufraga con cargo al arancel del Registro Mercantil, los ciudadanos y las empresas que utilicen los servicios de este Registro van a sufragar indirectamente el Registro Civil. Ademásel Ministerio quiere que las Administraciones y los Notarios paguen a los Registros Mercantiles por acceder obligatoriamente a la base de datos de Registro Civil para cualquier trámite negocio jurídico a la ficha registral de los ciudadanos, lo que luego evidentemente se repercutirá en los mismos vía impuestos o gastos notariales. Catalá sigue ocultando la financiación del Registro Civil, para evitar críticas y poder seguir afirmando que no se trata de la privatización de un servicio público. Y en cuanto a la titularidad estatal de los datos, los datos son de cada uno, la titularidad estatal será del programa que los gestione. ¿Y quién va a gestionar dicho programa? Personas que no son empleados públicos, sino contratados y despedidos directamente por su empresario, que es el Registrador Mercantil para el que trabaje. ¿De qué vale hablar de titularidad estatal de los datos si su gestión se encomienda a manos privadas?
El Gobierno quiere eliminar los derechos del personal de la Administración de Justicia y no garantiza ni siquiera el empleo.-
Además, el Sr. Catalá no justifica en modo alguno la pérdida de nuestros derechos y cree que todo se soluciona afirmando que no habrá pérdida de puestos de trabajo, que no es capaz de asegurar, y ofreciéndole una recolocación al personal titular en órganos jurisdiccionales a la que en cualquier caso tendrían derecho.
El Ministro pretende que traguemos con la privatización del Registro Civil y la pérdida absoluta de nuestros derechos, simplemente diciendo que el personal titular ocupará otro puesto de trabajo en órganos jurisdiccionales. ¡¡¡¡ Pero si eso ya lo tenemos recogido, tanto en la LOPJ , como en nuestro Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo y en el resto de normas legales en vigor!!!! Es lo menos que puede hacer, cumplir la Ley , y ofrecer además la formación precisa para poder adecuarnos a los nuevos puestos de trabajo.
Y en cuanto al personal interino, Catalá ofrece, y limitado sólo a su ámbito de competencia, que siga trabajando. ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde? ¿Va a modificar las plantillas de los órganos judiciales para que asuman todo el personal de los Registros Civiles? De eso aún no ha dicho nada de nada tampoco.
¿Qué pasa con el empleo interino en las comunidades autónomas con competencias? ¿Es capaz Catalá de obligarlas a asegurar los puestos de trabajo? De la reunión que mantuvo el 6 de noviembre con las Comunidades Autónomas no parece desprenderse esa conclusión.
Sr. Catalá: Decir que el único cambio será que todo ese personal pasará a realizar funciones estrictamente jurisdiccionales, lo que ayudará a la descongestión de la Justicia , es tan engañoso como afirmar que crea cientos de plazas de jueces que ya estaban trabajando en la actualidad. Asumir el compromiso de garantizar que en aquellas comunidades autónomas gestionadas por el Ministerio no se destruirá un solo puesto de trabajo como consecuencia de la reforma del Registro Civil le puede servir para lavar su cara ante la opinión pública, no ante los trabajadores y trabajadoras.
Ya va siendo hora que el Ministro Catalá dé la cara, diga la verdad sobre por qué sigue adelante con la privatización del Registro Civil y explique claramente sus consecuencias, incluida la pérdida de empleo público, el tratamiento de datos personales por personal no funcionario, el pago futuro de numerosos servicios del registro civil, la ubicación de oficinas únicamente en capitales de provincia, etc, y todo ello para que los Registradores, incluido Rajoy, puedan consolidar su posición en el tráfico jurídico y ganar más dinero, en beneficio propio y en detrimento de la ciudadanía.
