Si alguno pensaba que los funcionarios públicos íbamos a librarnos de los recortes de derechos que el Gobierno de Rajoy está imponiendo en todos los sectores de la sociedad con la excusa de la crisis económica, es que es un ingenuo. Si alguno no hizo la huelga general alegando que la reforma laboral no afectaba directamente a los derechos de los funcionarios públicos, ahora que se plantea un grave ataque a los derechos adquiridos por los funcionarios públicos ya puede ir llamando a la puerta del resto de trabajadores pidiendo su apoyo pese a haber sido insolidario con ellos.
La reforma que se avanza en el Programa de Estabilidad que ha presentado el Gobierno de Rajoy en Bruselas y que se anuncian en El País contiene un duro y grave ataque a los derechos de los funcionarios públicos, conseguidos tras años de negociaciones y lucha.
En resumen, el Gobierno pretende:
- que los funcionarios públicos no cobren su sueldo íntegro durante los 90 días primeros de baja (los funcionarios de Justicia aún somos más privilegiados, porque cobramos en la actualidad nuestro sueldo íntegro durante los 6 primeros meses de baja).
- modificar las cuantías que la Muface (y por tanto la Mugeju) paga en concepto de subsidio por incapacidad temporal, cuando un funcionario está de baja a partir del cuarto mes (en caso de la Mugeju, a partir del séptimo mes de baja).
- acortar el plazo de presentación de partes de baja (ahora podemos estar de baja, sin necesidad de presentar parte de baja, hasta 4 días).
- congelación o reducción salarial para funcionarios públicos y altos cargos.
- introducción de medidas de flexibilidad horaria acompañada de reducción proporcional de retribuciones (hasta ahora la flexibilidad horaria no supone reducción de retribuciones, porque el número de horas a trabajar no varía).
- amortización de puestos de trabajo y no convocatoria de nuevas plazas.
- reducción de días adicionales de vacaciones o por antigüedad
- reducción de días en caso de enfermedad de parientes
- aumento de las horas de trabajo hasta la máxima permitida, sin aumento de sueldo
- eliminación del número de liberados sindicales
- reducción de la acción social y aportaciones a planes de pensiones para los empleados públicos; etc.
Todas estas medidas suponen una penalización y un castigo a los funcionarios públicos que no pueden quedar sin respuesta. El Gobierno, con el aplauso de la derecha mediática, ataca ahora a los funcionarios, sobre todo a los más débiles, a los que tienen la salud más frágil, al recortar sus retribuciones durante la baja; a los que más tiempo y esfuerzo le han dedicado a la función pública, recortando sus días de permisos o vacaciones; al conjunto de los funcionarios, recortando el número de liberados que lo que hacen es trabajar por mantener los derechos de todos los funcionarios; a todos los funcionarios, al recortar su salario "indirecto" (planes de pensiones, acción social), que precisamente se implantó en compensación de la falta de subida salarial en correspondencia con los demás trabajadores (cuántos años de congelación salarial o subidas por debajo del IPC!!!).
