Aunque se trata de un informe no vinculante, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha adelantando que el informe del Consejo será la base de la reforma de la Ley de Planta y Demarcación que va a acometer el Gobierno de Mariano Rajoy. Los criterios básicos de esta reforma los avanzó el pasado pasado 19 de abril la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, si bien el órgano de gobierno de los jueces decidió tomarse dos semanas para estudiarlo con más profundidad y hacer algunas correcciones. Hoy lo ha hecho y se ha dado otro plazo de tres meses para continuar el debate e incorporar las sugerencias de las salas de Gobierno de los tribunales superiores, según ha explicado hoy la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo. Este asunto está suscitando un gran revuelo en numerosos municipios españoles que hoy son cabecera judicial y que ven cómo, si finalmente Gallardón lo lleva adelante, se quedarán sin sus juzgados, lo que obligaría a vecinos a desplazarse a otras localidades para pleitear. La portavoz ha destacado que no se van a suprimir juzgados, ya que cabe la posibilidad de que existan cabeceras con juzgados en distintas ciudades.
La portavoz ha insistido en que se trata de un documento que está abierto y sometido a debate y que una vez que esté concluido, dentro de tres meses, será remitido al Ministerio de Justicia como sugerencia de lo que el Poder Judicial entiende que debe ser la nueva estructura judicial española. "Se busca asegurar la proximidad de la justicia al ciudadano, teniendo en cuenta las circunstancias sociales, judiciales y políticas de los diferentes territorios. El poder judicial cree que con este informe no invade competencias de otros poderes del Estado. "Entendemos que estamos en condiciones para poder elaborar propuestas, como esta, que contribuyan a mejorar el funcionamiento de los juzgados españoles", ha dicho la portavoz, que ha insistido en que solo se trata de "un documento de trabajo inicial, provisional, abierto a incorporar las aportaciones que se realicen desde otras instancias del poder judicial".
Por ejemplo, en el caso de La Rioja, la propuesta implica la desaparición de los partidos de Calahorra y Haro, al dejar como única demarcación la de Logroño. Otro ejemplo, los nueve partidos judiciales que hay en la actualidad en la provincia de Granada quedarían reducidos a tres, y municipios como Loja, Órgiva o Guadix perderían sus juzgados a favor de Granada capital, Motril y Baza. El informe también está originando gran revuelo entre despachos de abogados de las ciudades que pueden verse afectadas, ya que tendrán que desplazarse para pleitear a las nuevas cabeceras judiciales. Muchos alcaldes han indicado ya que se opondrán a que sus ciudades dejen de ser cabecera de partido judicial.
Publicado el 03/05/2012 en www.elpais.com
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