- Los registradores, reunidos en asamblea, aprueban un texto contrario al borrador de Justicia
- El ministerio planea modificar la última ley para encomendarles la gestión del Registro
Publicado en www.elpais.com
En caso de que el Gobierno y el Parlamento decidan finalmente que sí deben encargarse del asunto, piden que se lleve a cabo con el mayor "consenso social y político posible" y plantean cuatro medidas: que las oficinas del Registro Civil queden separadas del resto de los registros; que se prevea un plazo "razonable" de vacatio legis para adaptarse al nuevo modelo; que los registradores tengan todas las competencias que corresponden en estos momentos a los encargados del Registro Civil; que se establezca una fuente de "financiación suficiente" sin más excepciones que las relativas a la inscripción de nacimientos y defunciones; y que junto a la ley se tramite un reglamento que precise más algunas cuestiones.
La asamblea, celebrada en Zaragoza, debatió dos ponencias. La primera era favorable a la idea de que sean ellos los futuros encargados de la gestión del Registro Civil, y fue rechazada.
La ponencia contraria al borrador, presentada por Juan Sarmiento Ramos, abogaba porque se “persuadiera” a Justicia de la “inoportunidad” de la idea de encomendarles el Registro “en las actuales circunstancias económicas y sociales por las que atraviesa la nación”. Si su petición no prosperara, el texto planteaba que se ofreciera la gestión “a otros colectivos igualmente apropiados, de forma que, si en última instancia acaba recayendo en los registradores, quede pública constancia de que ello fue el último recurso que quedó al Gobierno para afrontar el problema de su desjudicialización”. La idea era evitar que, a ojos de la sociedad, la atribución del registro quedara como un trato de favor hacia su colectivo. La oferta a otros colectivos no ha quedado finalmente reflejado en las conclusiones, que solo hablan del necesario "consenso social y político".
En estos momentos son los jueces los que llevan el Registro Civil. Pero su regulación sufrió ya una transformación de calado en 2011. Durante el último mandato de José Luis Rodríguez Zapatero fue aprobada, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, una profunda reforma que quitaba a los jueces la llevanza del Registro para dejarla en manos de secretarios judiciales y funcionarios con la licenciatura en Derecho. Esta norma se aprobó con una vacatio legis de tres años para que pudieran adaptarse todas las estructuras necesarias para el cambio de modelo, y su entrada en vigor estaba prevista para 2014. El proyecto de Justicia supondría un cambio radical con respecto a esta norma, que no llegaría a hacerse efectiva.
Las críticas a los borradores que maneja Justicia y que han trascendido han sido múltiples. Notarios, secretarios judiciales y todas las asociaciones de jueces salvo la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, han planteado que el ministro Alberto Ruiz Gallardón pretende privatizar un servicio público, aumentar el número de hechos inscribibles y cobrar por algunos que ahora ni siquiera constan en el Registro, como los poderes.
Los registradores, ahora, al menos los que acudieron a la reunión, han sido contundentes: no quieren el Registro. Y, si lo aceptan, piden ciertas condiciones. La asamblea general se convocó después de que algunos de ellos se movilizaran pidiendo firmas para solicitar la reunión precisamente para poder tratar un asunto como este, muy delicado y que cambiaría profundamente su forma de funcionar.
La ponencia contraria al borrador puso sobre la mesa una serie de requisitos para el caso de que Justicia desoyera sus peticiones de que se les deje al margen de este asunto. En primer lugar, pedían que la ley dispusiera “sin ningún tipo de ambigüedad”, que la financiación del Registro Civil corra a cargo de los usuarios (a través del arancel correspondiente). "Sería absolutamente inaceptable la asunción de un Registro Civil gratuito cuya financiación recayera sobre las espaldas de los registradores", indicaba el texto. Las conclusiones finales establecen finalmente que haya una fuente de financiación, pero no precisa cuál, y establece la excepción de la inscripción de nacimientos y defunciones.
El texto de la ponencia pedía también que quedara garantizada la separación entre las oficinas del Registro Civil y las actuales del Registro de la Propiedad o Mercantil, tanto en su "consideración tributaria y laboral diferenciada como en su ubicación física, sus medios personales y materiales". Es decir, su propuesta era que las oficinas actuales de los registradores se mantengan tal cual y que se establezcan unas nuevas oficinas encargadas solo del Registro Civil, algo que se ha mantenido en las conclusiones, precisando que se mantendrá "la necesaria interconexión entre ellas".
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