El Consejo del Poder Judicial calcula que a finales de este año 2013 habrán entrado en los juzgados españoles 8,6 millones de pleitos en las distintas jurisdicciones y que se resolverán 8,9 millones (algunos pleitos o causas vienen arrastradas de años anteriores, lo que explica que se resuelvan más asuntos de los que entran). Estos datos forman parte de las estadística que presentó este martes el Poder Judicial sobre la evolución de asuntos en 2012 y su proyección, estimativa, para lo que resta de año. A finales de 2013, los juzgados y tribunales españoles tendrán 2,6 millones de asuntos en trámite y habrán dictado 1,5 millones de sentencias.
La que más asuntos genera es la penal. Este año, siempre según la proyección del Consejo, se abrirán 6,2 millones de causas y se dictarán 707.630 sentencias. La diferencia entre los asuntos que entran, o están pendientes de años anteriores, y los que acaban en sentencia generalmente es porque son archivados (no hay autor conocido del delito) o quedan pendientes para el próximo año. La portavoz del Poder Judicial, Gabriela Bravo, destacó el dato de que los jueces españoles empiezan a resolver más asuntos que los que llegan. Ya ha ocurrido en 2012, cuando los juzgados ingresaron 8,9 millones de asuntos y resolvieron 9,1. Eso sí, quedaron pendientes o en trámite 2,9 millones. Y todo este volumen se tradujo en 1,6 millones de sentencias.
Los tribunales superiores de lo contencioso-administrativo son los que mayor atascos acumulan. La previsión del Consejo es que estas salas acaben el año con 94.403 asuntos pendientes, unos 44.000 más de los que se van a registrar a lo largo de estos 12 meses. En la primera instancia de lo contencioso sucede algo parecido, aunque el atasco es inferior. La crisis es un indicador de la actual situación de los juzgados y tribunales de lo Social: ingresarán 468.806 asuntos, resolverán 402.000 y acabarán el año con 395.000 casos pendientes, habiendo dictado 213.000 sentencias.
Las tasas judiciales han provocado un descenso del 15% de causas en lo Contecioso-administrativo y en lo Social
Durante la presentación de la estadística, el vocal Antonio Dorado destacó la calidad en general de la justicia en España. Y, en concreto, la de la primera instancia. Señaló que más del 95% de las resoluciones que dictan los jueces unipersonales son luego refrendadas por los órganos superiores. Dorado negó que las ratificaciones de las decisiones adoptadas en primera instancia sean fruto de desidia por parte de sus respectivos tribunales. Cuesta más trabajo revocar una sentencia, puesto que obliga al tribunal a fundamentarla, que confirmarla, según quejas de numerosos abogados que recurren decisiones de los juzgados unipersonales.
Las reclamaciones, denuncias, quejas y peticiones de información presentadas por el funcionamiento de los juzgados y tribunales (que incluyen desatención, trato irrespetuoso a usuarios, demoras, desinformación…) sumaron 14.031 a largo del año pasado, unas 800 menos que en 2011 (casi un 8% menos). La mayoría de las quejas fueron porque la justicia “no fue atenta” y porque hubo demoras en excesivas en la resolución del asunto.
Los concursos de acreedores han batido máximos históricos en el último trimestre de 2012 y el primero de 2013
La ley de tasas judiciales auspiciada por el ministro Alberto Ruiz Gallardón y en vigor desde el pasado 17 de diciembre ya empieza a tener “efectos apreciables”. En jurisdicciones como la Contecioso-administrativa (los pleitos entre los ciudadanos con la Administración) y en la Social (los laborales), los procedimientos se han reducido en torno al 15% (sin contar las demandas de los funcionarios públicos), según explicó ayer el vocal del Consejo del Poder Judicial Miguel Carmona, quien señaló que se trata de datos provisionales y que para obtener una conclusión más certera del impacto real es necesario “una perspectiva temporal más amplia”. La reducción de en torno al 15% procede de una estimación basada en datos del cuarto trimestre de 2012 y del primer trimestre de 2013. Un dato importante: los juzgados centrales de la Audiencia Nacional han visto reducida la litigiosidad, en asuntos de materia sancionadora, del 36,4%. El impacto inicial en la jurisdicción civil (pleitos entre ciudadanos) ha sido, de momento, “leve”, según Carmona. Dentro de esta jurisdicción se incluyen los juzgados mercantiles, en los que aun no se ha apreciado el efecto de la ley de tasas. Dejando al margen los concursos de acreedores, que en el último trimestre de 2012 y primero de 2013 han batido máximos históricos, se observa un incremento de asuntos del 22,5% (es decir, las empresas han acudido todavía más a estos juzgados). Los llamados procesos monitorios y los cambiarios también se han incrementado. Para los monitorios hay que pagar tasas si la reclamación sobrepasa cierta cantidad de dinero, por lo que el Consejo no descarta, para explicar el actual incremento de litigios, la posibilidad de que “se hayan producido fraccionamientos en las reclamaciones para huir de las tasas”.
200.000 trámites de desahucio pendientes
Los jueces ordenaron 43.858 desahucios por impago de hipotecas en 2012, según los datos del Consejo del Poder Judicial, en los que no se distingue entre primeras residencias y otros tipos de propiedades, y tiene pendientes de finalizar otras 198.076 causas. A la espera de cifras consolidadas para el primer semestre de este año, el Poder Judicial calcula que el impago de hipotecas fue la causa de un 37,5% de las expulsiones de viviendas entre enero y marzo de 2013, lo que supone un descenso del 5% frente al 43,4% del año anterior. El órgano relaciona esta caída con el código de buenas prácticas aprobado por el Gobierno, que incluye la posibilidad de la dación en pago para las familias más pobres.
Las estadística revela que solo acabaron en lanzamiento (expulsión de sus casas) un 55% de los procesos de ejecución hipotecaria iniciados a lo largo de 2012, por lo que se habrían presentado más de 80.000 casos de impago ante los tribunales. El resto habrían llegado a algún tipo de acuerdo para negociar su deuda o las condiciones de la hipoteca. La mayoría de las expulsiones, alrededor del 60%, se produjeron, sin embargo, por el incumplimiento de contratos de alquiler.
Para alcanzar estas conclusiones, el Poder Judicial ha extrapolado a toda España los datos de la Comunidad de Madrid, donde existen tres juzgados especializados en ejecuciones hipotecarias. En el año 2012, estos tribunales terminaron la tramitación de 5.020 ejecuciones hipotecarias y se cerraron con la expulsión de 2.964 deudores (un 55%). En el caso de los litigios entre propietarios e inquilinos en contratos de alquiler, sin embargo, aumenta hasta un 75% la proporción de los expulsados. Es decir, que es más frecuente alcanzar un acuerdo con el banco en la negociación de las condiciones de la hipoteca que con el propietario en los casos de alquiler.
En torno al 75% de los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados el año pasado corresponden a primeras viviendas, según estima el Colegio de Registradores a partir de sus datos consolidados de 2012, también difundidos este martes. De esas casi 50.000 causas iniciadas por viviendas habituales, los bancos aceptaron unas 11.400 daciones en pago, mientras que se adjudicaron más de 30.000 casas. El Banco de España, que aporta información sobre los tipos de hipotecas, comparte estos datos, a los que añade que en el 56,4% de las entregas de viviendas habituales fue necesaria la intervención judicial, mientras que en 43,6% restante se realizaron de forma voluntaria, la mayoría mediante la dación en pago.
Publicado o 11/06/2013 en www.elpais.com
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