Tras la iniciativa de CCOO tomada en el mismo momento en que conocimos la decisión del Gobierno, hoy, 18 de febrero, han comenzado las reuniones con los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados con el objeto de lograr el máximo consenso parlamentario en contra de la decisión del Gobierno de privatizar los registros civiles.
CCOO SE REÚNE CON EL GRUPO PARLAMENTARIO DE LA IZQUIERDA PLURAL
QUE NOS TRASLADA QUE COMPARTE LA
POSICIÓN DE RECHAZAR LA PRIVATIZACIÓN DE
LOS REGISTROS CIVILES. TAMBIÉN EXIGIRÁN
AL GOBIERNO LA RETIRADA DE
DICHA DECISIÓN
EL GRUPO DE LA
IZQUIERDA PLURAL PRESENTA UNA PRIMERA INICIATIVA EN EL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EXIGIENDO LA COMPARECENCIA DE
GALLARDÓN Y SUSCRIBIENDO EL 17 DE FEBRERO VARIAS PREGUNTAS AL MINISTRO DE
JUSTICIA SOBRE LOS REGISTROS CIVILES
CCOO ha comunicado al resto de organizaciones sindicales representativas la
necesidad de que se incorporen a las próximas reuniones ya solicitadas con los
restantes grupos parlamentarios, y que seguirán celebrándose desde esta semana.
Para ello, CCOO formalizó hace unos días carta dirigidas a todos los grupos parlamentarios, sin excepción para lograr dicho objetivo.
El primer grupo que de inmediato nos ha recibido ha sido el grupo parlamentario de la Izquierda Plural que ha sintonizado plenamente con la posición que CCOO le ha trasladado. El portavoz de Justicia de La Izquierda Plural en el Congreso, Gaspar Llamazares, nos ha trasladado que comparte íntegramente nuestra oposición a la privatización de los registros, mediante su entrega a los registradores de la propiedad. Porque esta privatización conllevará el tratamiento de datos especialmente protegidos por la ley orgánica de protección de datos personales por personal privado, la pérdida de alrededor de 3.500 empleos directos en el conjunto de los registros civiles (Registros civiles exclusivos, registros en órganos de jurisdicción civil o mixta y Juzgados de Paz) y un obstáculo para la ciudadanía que no vive en las grandes ciudades para acceder a la Administración de Justicia.
Además, Gaspar Llamazares nos informa que ya ha presentado dos iniciativas parlamentarias en este sentido: La primera, la solicitud de comparecencia de Gallardón para que responda sobre esta decisión y la segunda, interpelación al ministro de Justicia sobre cuestiones derivadas de esta privatización.
Asimismo, esta mañana en reunión celebrada por los sindicatos CCOO, CSIF, STAJ y UGT para establecer un frente común contra la decisión de Gallardón, hemos acordado también:
- Mantener las concentraciones que desde hace más de un mes viene convocando CCOO en solitario todos los jueves ante los registros civiles, a la que se incorporarán a partir de ahora los demás sindicatos.
- Preparar un calendario de acciones de la máxima contundencia sin descartar ninguna medida de presión para parar esta privatización: manifestaciones, actos de protesta en dónde comparezca el ministro Gallardón, impulsar el apoyo de la sociedad con actos de información a la ciudadanía.
- Dirigirnos a la Federación Española de Municipios y Provincias buscando acordar con los alcaldes de los ayuntamientos una estrategia común para impedir la privatización de los registros civiles.
- Hacer llegar al Colegio de Registradores que deben rechazar la gestión de los registros civiles porque la privatización rompería el consenso social, parlamentario y de los trabajadores y trabajadoras, que se ha mantenido con la actual gestión pública y gratuita durante años.
- Impulsar todos los contactos con las organizaciones ciudadanas, con las organizaciones de consumidores y usuarios, con todos los colectivos de la Administración de Justicia que rechazan dicha privatización, y especialmente con la Plataforma Justicia para todos.
- Exigir al ministro de Justicia, como viene haciendo CCOO de manera continua durante los últimos meses, que retire la decisión de privatizar los registros civiles.
Reclamamos a Gallardón que dé la cara ante los trabajadores y trabajadoras y ante la ciudadanía, que convoque una reunión urgente y al máximo nivel con las organizaciones sindicales mayoritarias, para que aclare los motivos que ha llevado al gobierno a adoptar la decisión de entregar los registros civiles a los registradores, que explique cómo pretende financiar esa privatización con cargo a los ciudadanos, que deje de mentir y explique sus aseveraciones de que asegura el mantenimiento de los 3.500 puestos de trabajo de los registros civiles, también en el ámbito gestionado por las CCAA con competencias asumidas, y cómo va a garantizar la privacidad de los datos registrales especialmente protegidos sin incumplir la ley orgánica de protección de datos.
Además, le exigimos al ministro de Justicia que dé las explicaciones convincentes a la ciudadanía sobre los conflictos de intereses existentes entre la decisión de la privatización de los registros y su entrega a un colectivo, como el de los registradores, al que pertenecen no solo el Director General de los Registros y del Notariado, sino también el Presidente del Gobierno, dos de sus hermanos, y el cuñado y la nuera del ministro Gallardón.
