CCOO TOMA LA INICIATIVA DE
REUNIRSE CON LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LOS DISTINTOS PARTIDOS POLÍTICOS CON
EL FIN DE TRASLADARLES NUESTRA PROFUNDA PREOCUPACIÓN Y LAS CONSECUENCIAS QUE
TENDRÁ LA DECISIÓN ADOPTADA
POR EL GOBIERNO DE PRIVATIZAR EL REGISTRO CIVIL.
CCOO
considera imprescindible el rechazo de los trabajadores y trabajadoras, de la
ciudadanía y de la mayoría parlamentaria
contra la decisión del gobierno del PP.
CCOO llevaba meses advirtiendo de que existían muchas
posibilidades de que el ministro Gallardón intentara entregar los Registros
Civiles a los Registradores de la propiedad y mercantiles y lamentablemente, tal y como informábamos el
pasado martes a última hora de la tarde, finalmente se ha confirmado que el Gobierno del Partido Popular ya ha
tomado la decisión de privatizar los Registros Civiles de toda España para
entregar su gestión a los Registradores de la propiedad y mercantiles.
CCOO combatirá con todos sus fuerzas esta
decisión porque las consecuencias que la misma conlleva son muy graves. La entrega del Registro Civil a los Registradores de la propiedad y
mercantiles supondrá el desmantelamiento de un servicio público esencial para
la ciudadanía, conllevará la destrucción de más de 3.000 puestos de
trabajo en la
Administración de Justicia e implicará la desaparición de los
Juzgados de Paz y sus Agrupaciones de Juzgados de Paz, cuya función fundamental
es la del Registro Civil, así como de todos los Registros Civiles
exclusivos.
CCOO
ha solicitado inmediatamente
reunirse con todos los grupos parlamentarios de los partidos políticos para
explicarles de primera mano la cacicada que prepara el Gobierno con los
Registros Civiles, con el único fin de mantener y consolidar una profesión
puesta en entredicho por
Además CCOO llama a
los trabajadores y trabajadoras a
participar de forma masiva en la campaña de movilizaciones que estamos
ultimando para obligar al Gobierno a retirar esta propuesta de privatización
del Registro Civil que supondrá la destrucción de puestos de trabajo en la Administración de
Justicia y un nuevo ataque a los derechos del personal que presta servicios en la Administración de Justicia.
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