En las últimas semanas, todos los jueves, los trabajadores y trabajadoras de los registros civiles de la Administración de Justicia y CCOO, venimos llevando a cabo concentraciones contra la privatización de los registros civiles.
CCOO había advertido de que existían muchas posibilidades de que el ministro Gallardón intentara en estas fechas la entrega de los registros civiles a los registradores de la propiedad y mercantiles .
Finalmente, hemos conocido ayer, 12 de febrero, por la tarde, que máximos responsables del Ministerio de Justicia (Subsecretario, Secretaría General Técnica y Director General de los Registros y del Notariado) se han reunido con el Decano de los Registradores de la propiedad y mercantiles con el fin de comenzar a realizar los trámites para la privatización de los registros civiles, tal y como os informamos anoche en nuestro blog.
Para CCOO, la decisión del ministro Gallardón es profundamente equivocada, en primer lugar.
Constituye para CCOO, aunque se quiera vestir con el ropaje más fino, la apuesta del ministro Gallardón por propiciar la obtención de beneficios privados para una exigua minoría derivados del ejercicio de una función que solo puede ser pública y que debe garantizar la gratuidad total de todos los trámites y certificaciones sin excepción, tal y como existe en la actualidad.
CCOO rechaza el cobro de tasas o aranceles para retribuir el ejercicio de una función pública.
CCOO rechaza la financiación a cargo de los presupuestos del Estado de un servicio público en régimen de negocio privado
CCOO apuesta decididamente porque cualquier ingreso derivado del ejercicio de la función pública vaya dirigido exclusivamente a la financiación y mejora del servicio público correspondiente, y en su caso el excedente se ingrese en el Tesoro Público.
CCOO exige que todos los responsables y los empleados y empleadas de los registros públicos de titularidad estatal sean funcionarios públicos, que accedan a sus puestos de trabajo conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad establecidos en la Constitución Española y que sus retribuciones sean públicas, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
CCOO exige que el registro y la publicidad de los datos personales especialmente protegidos de todos los ciudadanos que sean objeto del registro civil sean gestionados exclusivamente por funcionarios públicos.
Todos estos principios básicos son de nuevo puestos en cuestión por el Gobierno, pretendiendo entregar a la privatización los registros civiles.
CCOO se dirige a la ciudadanía, a los partidos políticos, a la opinión pública, con el fin de que no permitamos que un servicio público como los registros civiles, pueda ser privatizado, porque sus consecuencias serán muy graves para el conjunto de la sociedad.CCOO se reserva la convocatoria de las acciones más contundentes para seguir defendiendo que los registros civiles sigan siendo servidos por funcionarios públicos de la Administración de Justicia, por la defensa de los derechos de la ciudadanía a gozar de servicios públicos gratuitos, por la defensa del empleo público.
Imprimir artículo
