Por Jorge Suárez,
Funcionario de la Administración de Justicia
y Delegado Sindical de CCOO en A Coruña.
La rapiña de los servicios públicos por parte de las oligarquías se hizo efectiva con la Ley de tasas, que, pese a la resistencia sindical y ciudadana, consagró una justicia de doble vía, al dictado de los poderosos, fácil y accesible para las multinacionales, la banca y las grandes empresas y llena de impedimentos para el ciudadano de a pie, sin posibilidad, por falta de recursos en un modelo laboral de explotación, ni tan siquiera de reclamar de los magistrados justicia ante el abuso de clase. Los datos de descenso en la litigiosidad no deben valorarse desde el punto de vista de la eficiencia, sino desde el recorte democrático; algo falla en nuestra democracia cuando nuestros representantes en el Congreso, utilizando la mayoría absoluta como rodillo dictatorial, sustituyen los derechos sociales por el “tanto tienes, tanto vales” y si no tienes, la justicia es un coto vedado para ti.
En una vuelta de tuerca más, el pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita, por el que se aumentan los umbrales de acceso a la justicia por unidad familiar: lo que un gobierno cínico pretende vender como una extensión de derechos no soporta un primer análisis riguroso la realidad, como se ejemplifica en el cuadro adjunto, es que la inmensa mayoría de la población quedará sin la posibilidad de acceder a este derecho:
El Ministro Gallardón, paradigma de traidor a la democracia para ponerse al servicio imperio financiero centrista y que, por ello, debería ser puesto ante los tribunales por sedición, no se detiene ahí: la reforma de la ley orgánica del poder judicial, la prevista eliminación de los partidos judiciales, la atribución de la instrucción (investigación de los asuntos penales) a los fiscales dependientes del gobierno, las nuevas leyes de enjuiciamiento que traen como adelanto la erradicación por urgencia de un cañonazo de un hito como era la justicia universal o la ley mordaza que estigmatiza al pueblo que se levanta contra la injusticia..., un ataque masivo, en fin, que se visualiza mejor a través del humor, como la viñeta de Pinto y Chinto, que aún así se queda corta, ya que no son solo monedas las que se escapan del bolsillo del ciudadano, sino derechos fundamentales nacidos de la lucha social y obrera.
Ahora, el Registro Civil, como servicio público, también cincela las letras de su lápida: la hoja de ruta oculta de su privatización sale a la luz, para hacer efectiva su entrega a una casta privilegiada y puesta en cuestión por la propia Unión Europea, como son los Registradores de la Propiedad, a los que parece que hay que compensar por el estallido de la burbuja inmobiliaria, ese crack que tuvo como consecuencia un verdadero saqueo a las clases populares, socializando las pérdidas bancarias a través de un rescate que supuso un cambio de modelo, donde los millones de abajo se hicieron más pobres, mientras los pocos miles más ricos aumentaron sus fortunas.
El Registro Civil, un servicio público y universal que funciona con garantías de confidencialidad y eficiencia desde 1870 , se va a convertir en una mercancía más, un caramelo envuelto para los Registradores, a los que se les regalará sin nada a cambio, tras haberse invertido 130 millones de euros en su modernización y digitalización, dinero no del gobierno, sino sufragado con los impuestos que sí pagan los ciudadanos, imposibilitados para ahorrar en este sistema y mucho menos para depositar sus escasos euros en paraísos fiscales, crear SICAV's o tributar en otros países con mayores beneficios fiscales. Este nuevo impuesto revolucionario contra la ciudadanía implicará que hechos tan cotidianos como obtener una fe de vida, un certificado de nacimiento para el curso escolar o el DNI, un matrimonio civil o la tramitación de una nacionalidad, estarán gravados con altas cuantías económicas que, para más inri, no servirán para financiar a la Sanidad o Educación Públicas sino para enriquecer más si cabe a unos pocos privilegiados como son los Registradores y Notarios que gozan del favor del Ministro Gallardón.
La citada reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que prevé eliminar las faltas (convirtiéndolas en delitos leves o faltas administrativas según su gravedad) junto con la privatización del Registro, han puesto fecha al condenado que espera desde hace años en el corredor de la muerte: la Justicia de Paz. Ya viene de antiguo la obsesión de la derecha por recentralizar servicios y, en momentos de crisis, es cuando es más fácil aplicar medidas injustas contra un pueblo aturdido y machacado, como bien explicó Naomi Klein en La doctrina del shock. Recientemente la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, cercena la autonomía de los ayuntamientos, y otorga poderes plenipotenciales a las Diputaciones, ese órgano no electo reducto de caciques y campo abonado para la corrupción. La eliminación de partidos judiciales y la desaparición de los juzgados de nuestros pueblos es una derrota de la fraternidad, principio básico de las revoluciones que trajeron la democracia a nuestros Estados y cuando ingenuamente creíamos que los gobernantes detentaban el poder cedido por la soberanía del pueblo, sometido a él, revocable por él y siempre al servicio de él. La centralización es sinónimo de abuso, explotación y demofobia, aboca al hombre a la incomprensión de una burocracia lejana que convierte lo que debiera ser un servicio en un hosco enemigo que no tutela sus derechos y vuelve al espíritu decimonónico que ironizaba Larra: “Vuelva usted mañana”. Los pequeños pueblos y ciudades, sin ayuntamiento, sin juzgado y sin servicios públicos próximos y universales, sin empleo de calidad ni tejido industrial están condenados a convertirse en cementerios de elefantes.
Volviendo a la justicia, las medidas de Gallardón, sumadas al colapso histórico de la justicia, sin medios materiales y personales suficientes, crean el caldo de cultivo idóneo para la impunidad de las grandes fortunas y para la corrupción política, así como para la indefensión del ciudadano, dinamitando la única justicia real, la que ahora dilapidan, la justicia con mayúsculas, la Justicia Social.
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El Ministro Gallardón, paradigma de traidor a la democracia para ponerse al servicio imperio financiero centrista y que, por ello, debería ser puesto ante los tribunales por sedición, no se detiene ahí: la reforma de la ley orgánica del poder judicial, la prevista eliminación de los partidos judiciales, la atribución de la instrucción (investigación de los asuntos penales) a los fiscales dependientes del gobierno, las nuevas leyes de enjuiciamiento que traen como adelanto la erradicación por urgencia de un cañonazo de un hito como era la justicia universal o la ley mordaza que estigmatiza al pueblo que se levanta contra la injusticia..., un ataque masivo, en fin, que se visualiza mejor a través del humor, como la viñeta de Pinto y Chinto, que aún así se queda corta, ya que no son solo monedas las que se escapan del bolsillo del ciudadano, sino derechos fundamentales nacidos de la lucha social y obrera.
Ahora, el Registro Civil, como servicio público, también cincela las letras de su lápida: la hoja de ruta oculta de su privatización sale a la luz, para hacer efectiva su entrega a una casta privilegiada y puesta en cuestión por la propia Unión Europea, como son los Registradores de la Propiedad, a los que parece que hay que compensar por el estallido de la burbuja inmobiliaria, ese crack que tuvo como consecuencia un verdadero saqueo a las clases populares, socializando las pérdidas bancarias a través de un rescate que supuso un cambio de modelo, donde los millones de abajo se hicieron más pobres, mientras los pocos miles más ricos aumentaron sus fortunas.
El Registro Civil, un servicio público y universal que funciona con garantías de confidencialidad y eficiencia desde 1870 , se va a convertir en una mercancía más, un caramelo envuelto para los Registradores, a los que se les regalará sin nada a cambio, tras haberse invertido 130 millones de euros en su modernización y digitalización, dinero no del gobierno, sino sufragado con los impuestos que sí pagan los ciudadanos, imposibilitados para ahorrar en este sistema y mucho menos para depositar sus escasos euros en paraísos fiscales, crear SICAV's o tributar en otros países con mayores beneficios fiscales. Este nuevo impuesto revolucionario contra la ciudadanía implicará que hechos tan cotidianos como obtener una fe de vida, un certificado de nacimiento para el curso escolar o el DNI, un matrimonio civil o la tramitación de una nacionalidad, estarán gravados con altas cuantías económicas que, para más inri, no servirán para financiar a la Sanidad o Educación Públicas sino para enriquecer más si cabe a unos pocos privilegiados como son los Registradores y Notarios que gozan del favor del Ministro Gallardón.
La citada reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que prevé eliminar las faltas (convirtiéndolas en delitos leves o faltas administrativas según su gravedad) junto con la privatización del Registro, han puesto fecha al condenado que espera desde hace años en el corredor de la muerte: la Justicia de Paz. Ya viene de antiguo la obsesión de la derecha por recentralizar servicios y, en momentos de crisis, es cuando es más fácil aplicar medidas injustas contra un pueblo aturdido y machacado, como bien explicó Naomi Klein en La doctrina del shock. Recientemente la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, cercena la autonomía de los ayuntamientos, y otorga poderes plenipotenciales a las Diputaciones, ese órgano no electo reducto de caciques y campo abonado para la corrupción. La eliminación de partidos judiciales y la desaparición de los juzgados de nuestros pueblos es una derrota de la fraternidad, principio básico de las revoluciones que trajeron la democracia a nuestros Estados y cuando ingenuamente creíamos que los gobernantes detentaban el poder cedido por la soberanía del pueblo, sometido a él, revocable por él y siempre al servicio de él. La centralización es sinónimo de abuso, explotación y demofobia, aboca al hombre a la incomprensión de una burocracia lejana que convierte lo que debiera ser un servicio en un hosco enemigo que no tutela sus derechos y vuelve al espíritu decimonónico que ironizaba Larra: “Vuelva usted mañana”. Los pequeños pueblos y ciudades, sin ayuntamiento, sin juzgado y sin servicios públicos próximos y universales, sin empleo de calidad ni tejido industrial están condenados a convertirse en cementerios de elefantes.
Volviendo a la justicia, las medidas de Gallardón, sumadas al colapso histórico de la justicia, sin medios materiales y personales suficientes, crean el caldo de cultivo idóneo para la impunidad de las grandes fortunas y para la corrupción política, así como para la indefensión del ciudadano, dinamitando la única justicia real, la que ahora dilapidan, la justicia con mayúsculas, la Justicia Social.
Cuando todo falla, nos quedamos sin servicios públicos, aumenta el abuso laboral y las vidas se convierten en precarias luchas por la supervivencia, la justicia debiera ser la que pusiera las cosas en su sitio, y no permitir que el poder usurpado al pueblo imponga la ley no del más fuerte, sino del más rico y totalitario, escondido bajo una democracia formal cuya única característica esencial es un derecho de sufragio manipulado por la ley electoral, pero no es democracia la que no es popular y participativa. En 1790 Marat escribió: “Ya vemos perfectamente, a través de vuestras falsas máximas de libertad y de vuestras grandes palabras de igualdad, que, a vuestros ojos, no somos sino la canalla” ¿Seguiremos resignados a que nos gobiernen Consejos de Administración, Registradores y las castas privilegiadas o buscaremos en la calle y las instituciones la hegemonía social y cultural para buscar el poder del pueblo y para el pueblo?
Es el momento de cambiar lo que en una viñeta ironizaba Daniel Alfonso R. Castelao: “Yo digo que los caciques no son representantes del gobierno; el gobierno es el representante de los caciques”, el cambio de régimen que nos imponen debe ser asumido por la gente humilde que itinera de empleo en empleo por unos pocos euros, por los desempleados mayores de cincuenta sin expectativas, por los pensionistas sin poder adquisitivo,… y en las concentraciones en defensa del Registro Civil debe ser la ciudadanía la protagonista, no sólo los funcionarios, como en las mareas y en las luchas sectoriales y atomizadas que deben unificarse para vencer los ataques sistémicos y organizados del gobierno, frente al que las luchas parciales, obreras y sociales, legítimas y de defensa ciudadana no son más que diminutas piedras en el zapato para tumbar el gigante del neoliberalismo.
