NOTA DE PRENSA DE CCOO
CCOO critica que el Ministerio de Justicia haya puesto en marcha ésta y otras importantísimas modificaciones en la tramitación de los procedimientos judiciales, sin que ni el propio ministerio ni las comunidades autónomas con competencias en Justicia hayan previsto ni un solo curso de formación para los más de 55.000 trabajadores y trabajadoras de los juzgados que serán los encargados de llevar a cabo estas reformas.
El Sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO denuncia que las nuevas cargas de trabajo que soportarán los juzgados y tribunales españoles con las modificaciones legislativas aprobadas en esta última etapa de la legislatura, no se han visto acompañadas del necesario incremento de medios personales ni de la suficiente implantación y mejora de los medios tecnológicos.
A iniciativa del Ministerio de Justicia, el Partido Popular ha aprobado en las Cortes en solitario diversas leyes que contienen algunas reformas que, para CCOO, son inaceptables y que han pasado desapercibidas “entre este maremágnum legislativo al que nos tiene sometido el PP en el final de su mayoría absoluta”.
Además de la suspensión de la entrada en vigor del modificado art. 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (que establece el plazo de seis meses para la instrucción penal) hasta que no se incrementen sustancialmente los medios personales y materiales en los juzgados, tribunales y fiscalías, CCOO entiende que debe ser inmediatamente derogado el artículo 87 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en vigor desde el pasado 1 de octubre.
En él se establece la posibilidad de que el Gobierno, por decreto, pueda ampliar la competencia territorial de determinados juzgados de violencia sobre la mujer a dos o más partidos judiciales, lo que, en los casos en los que se aplique, va a provocar de forma directa el alejamiento del servicio público de la justicia de una gran cantidad de mujeres víctimas de esta lacra social; mujeres que tenían en su propio municipio o muy cerca de él el juzgado que debía atenderlas se encontrarán con una nueva traba, una más, en su lucha y en su derecho por defender su integridad física y moral.
Por último, CCOO rechaza rotundamente las modificaciones recientemente operadas en la Ley de Enjuiciamiento Civil por la Ley 42/2015 de 5 de octubre, que otorgan a los procuradores tareas que, hasta ahora, estaban asignadas con exclusividad al personal funcionario de la Administración de Justicia, garantizándose así la imparcialidad.
Esta privatización encubierta del servicio público de la Administración de Justicia genera además una nueva desigualdad de la ciudadanía ante la justicia: solo quien disponga de medios económicos suficientes podrá “contratar” a un procurador que agilice la tramitación de sus asuntos, mientras que el resto de la ciudadanía, si carece de medios, verá sus asuntos postergados, pues el Gobierno, en vez de dotar de medios a la Administración de Justicia, privatiza servicios impidiendo el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía.
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Además de la suspensión de la entrada en vigor del modificado art. 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (que establece el plazo de seis meses para la instrucción penal) hasta que no se incrementen sustancialmente los medios personales y materiales en los juzgados, tribunales y fiscalías, CCOO entiende que debe ser inmediatamente derogado el artículo 87 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en vigor desde el pasado 1 de octubre.
En él se establece la posibilidad de que el Gobierno, por decreto, pueda ampliar la competencia territorial de determinados juzgados de violencia sobre la mujer a dos o más partidos judiciales, lo que, en los casos en los que se aplique, va a provocar de forma directa el alejamiento del servicio público de la justicia de una gran cantidad de mujeres víctimas de esta lacra social; mujeres que tenían en su propio municipio o muy cerca de él el juzgado que debía atenderlas se encontrarán con una nueva traba, una más, en su lucha y en su derecho por defender su integridad física y moral.
Por último, CCOO rechaza rotundamente las modificaciones recientemente operadas en la Ley de Enjuiciamiento Civil por la Ley 42/2015 de 5 de octubre, que otorgan a los procuradores tareas que, hasta ahora, estaban asignadas con exclusividad al personal funcionario de la Administración de Justicia, garantizándose así la imparcialidad.
Esta privatización encubierta del servicio público de la Administración de Justicia genera además una nueva desigualdad de la ciudadanía ante la justicia: solo quien disponga de medios económicos suficientes podrá “contratar” a un procurador que agilice la tramitación de sus asuntos, mientras que el resto de la ciudadanía, si carece de medios, verá sus asuntos postergados, pues el Gobierno, en vez de dotar de medios a la Administración de Justicia, privatiza servicios impidiendo el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía.
