El ministro de Economía era consciente hace tiempo de que España se la jugaba en este semestre. Al examen de la Troika para tutelar el cumplimiento de las condiciones exigidas para el rescate financiero se suma la prueba decisiva de la Comisión Europea sobre los desequilibrios macroeconómicos. Las dos notas están aún pendientes y para superarlas con éxito, Luis de Guindos
defendió con ahínco hasta el pasado abril un ajuste de gasto añadido
que implicaba la supresión de la paga extra de todos los empleados
públicos correspondiente al mes de julio. El objetivo era parecido al
que el Ejecutivo de Mariano Rajoy persiguió en 2012 cuando quitó la paga de Navidad: ahorrar cerca de 5.200 millones de euros.
Con la supresión de la paga extra de Navidad de 2012 se ahorraron cerca de 5.200 millones, el mismo objetivo que perseguía Economía para este verano
La creencia de que no encontraría problemas irresolubles para sacar
la medida adelante, llevó a Guindos a presentarla oficiosamente en
Bruselas como garantía del compromiso contraído por España con los
límites de déficit, una vez que el Gobierno daba ya por hecho que la
Comisión Europea, con el comisario Olli Rehn a la cabeza, concedería dos años más de plazo
para conducirlo hasta el entorno del 3%. Estos movimientos del titular
de Economía originaron un serio malestar en el Ministerio de Hacienda,
pues la eliminación de otra paga extra a los funcionarios, como ocurrió en la Navidad de 2012, es una iniciativa que compete al equipo de Cristóbal Montoro
y tiene también unas implicaciones políticas de grueso calibre para
todo el Gobierno. El propio Montoro optó por desmentir esta posibilidad
en la rueda de prensa posterior al Consejo celebrado a mediados de
abril, cuando el rumor procedente de Bruselas estaba ya muy extendido,
sobre todo, entre los sindicatos de la función pública. El titular de
Hacienda no solo negó el retiro de la paga extra del verano sino que
avanzó que la eliminada en las Navidades de 2012, con un recorte de la
nómina bruta anual cercano al 6%, se recuperaría a partir de 2015, según
las disponibilidades presupuestarias.
Montoro propuso como alternativa a la eliminación de la paga, la prórroga durante un año del recargo sobre el IRPF, iniciativa que salió finalmente adelante
Guindos no solo jugó su partida en Bruselas sino también en el Grupo
Parlamentario del PP, donde comentó con varios diputados su interés en
volver a cargar sobre los empleados públicos buena parte del coste del
ajuste de este año. La hipótesis puso los pelos de punta a los
interlocutores del ministro y originó, finalmente, una profunda
discusión en el Consejo de Ministros en la que Montoro se presentó con
alternativas. La principal, finalmente aprobada, fue la prórroga durante un ejercicio más del recargo en el IRPF decidido en diciembre de 2011,
opción que aportará una recaudación a las arcas estatales de 5.000
millones, una cuantía muy similar a la que se hubiera obtenido con el
nuevo castigo ideado para los funcionarios desde el Ministerio de
Economía. “Retirar el gravamen antes de 2014 no es factible”, admitió
Montoro durante la presentación del nuevo Plan Nacional de Reformas y la
actualización del Programa de Estabilidad 2013-2016, consciente de que
Mariano Rajoy había decantado a favor de sus posiciones los equilibrios
del ajuste.
“El ajuste no puede recaer solo en los empleados públicos”, aseguran fuentes parlamentarias del PP. “Además de injusto, nos hubiera abierto un boquete electoral todavía mayor del que ya tenemos.
No se pueden solucionar todos los problemas a costa de los
funcionarios. Al menos, con la subida del IRPF el reparto de los costes
es más equitativo”, añade uno de los diputados informados de las
tensiones que se han vivido en el equipo económico.
"El ajuste no puede recaer solo en los empleados públicos, además de injusto nos hubiera abierto un boquete electoral mayor del que ya tenemos", se afirma en el PP
En los tres últimos ejercicios, se han eliminado casi 300.000 empleos públicos y los funcionarios han hecho frente a sucesivos recortes. El anterior Gobierno, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero,
les rebajó el sueldo un 5% de media, algo que carecía hasta entonces de
precedentes en las tres administraciones. Rajoy, entonces en la
oposición, calificó esta medida como “el mayor recorte social de la
historia” y acentuó que Zapatero había sido el primer presidente que
había reducido el sueldo de los empleados públicos, a pesar de que en
los tiempos de Felipe González y de José María Aznar se vieron congeladas sus remuneraciones.
Posteriormente, ya con el actual Gobierno, se les rebajaron a la
mitad los días de libre disposición, los llamados ‘moscosos’ y se
redujeron los sueldos a los empleados públicos en situación de
incapacidad temporal, a la espera de lo que dicte la reforma de la ley local
para los ingresos de los funcionarios que trabajan en los
ayuntamientos. Este paquete de ajustes, al que se ha sumado la reducción
del número de ‘liberados’ sindicales, ha ahorrado a las arcas públicas
6.300 millones dentro de una partida de gasto, la destinada a los
sueldos de la función pública, que supera los 120.000 millones de euros
al año.
Fuente: vozpopuli.com
