Ante la inminente resolución, en un próximo consejo de ministros, sobre la decisión final sobre los Registros Civiles, CCOO se ha dirigido también a la Vicepresidencia del Gobierno, pues dicha posición final ya se encuentra en el ámbito del Gobierno.
CCOO considera fundamental mantener la presión pues el Gobierno sigue manejando a día de hoy su entrega a los registradores y utilizar todas las acciones necesarias para lograr nuestros objetivos que, como exigimos en la carta a la vicepresidenta del Gobierno, son:
1.- El mantenimiento de los Registros Civiles como servicio público, servidos por el personal funcionario de la Administración de Justicia.
2.- Que se mantendrán todos los órganos judiciales que en la actualidad tienen funciones de Registro Civil, incluidos los Juzgados de Paz.
3.- Que los encargados de los Registros Civiles sean personal funcionario del cuerpo de Secretarios Judiciales o del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.
Y añade la carta de CCOO, que todas estas reclamaciones conllevan evidentemente el abandono de cualquier decisión del Gobierno que implique la privatización del servicio público que prestan los Registros Civiles, mediante la entrega de su gestión a los registradores de la propiedad y mercantiles.
CCOO ha advertido a la vicepresidenta del Gobierno que cualquier decisión que implique la privatización de los Registros Civiles supondrá una declaración formal del Gobierno contra los derechos de la ciudadanía y contra los del personal de la Administración de Justicia, que conduciría a un conflicto social y laboral de enormes dimensiones, incluida la convocatoria de huelga en la Administración de Justicia.
